Periodismo y libertad de expresión

Jhony Carhuallanqui

En la década del 60, el gobierno peruano reconoció al periodismo como una profesión de formación universitaria y luego, el 01 de octubre de 1980, se crearía el Colegio de Periodistas del Perú mediante la Ley Nro. 22231, norma en la cual se establece que «la colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión periodística», además que para dicha colegiatura «es esencial la presentación del título profesional correspondiente otorgado por cualquiera de las universidades del país».

También esta norma establecía que podían colegiarse los periodistas «que acrediten ejercicio permanente y/o estable», ya que su experiencia debía ser valorada y certificada, beneficio que más tarde, por el proceso de formalización de la profesión, se abandonó, pues los periodistas “empíricos” debían capitalizar su experiencia con una adecuada formación que ennoblezca este patriarcal oficio, que al tener rango universitario debe cimentar —y no descartar— lo que Alberto Fuguet aseguraba: «El periodismo como la prostitución, solo se aprende en la calle».

No pretendo distinguir la calidad del trabajo periodístico profesional del empírico, pues en ambos sectores hemos sido testigos de un ejercicio meritorio como irresponsable, sino, pretendo instituir la necesidad de una formalización en el ejercicio del periodismo, cuya senda fue neciamente detenida cuando se dio la Ley Nro. 26937, donde se estableció que «la colegiación para el ejercicio de la profesión de periodista no es obligatoria», en un atentado a la institucionalidad de esta profesión y un agravio a los más de 5000 estudiantes que se forman en esta especialidad.

Este hecho se concretó tras la ruptura del orden constitucional del año 92, en el gobierno de Alberto Fujimori que, como recordamos, buscaba implementar una política de control de medios y de represión contra los periodistas críticos, originando y promoviendo así el «libre ejercicio periodístico» sustentado en la premisa de que todos tenemos derecho a «la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento (…) por cualquier medio de comunicación social».

Ante esta situación, el Colegio de Periodistas presentó una acción de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional declaró infundado, argumentando su dictamen en el citado texto y validando así el “periodismo chicha” que ha mermado la calidad informativa, porque ha hecho de la sospecha una evidencia, del insulto, un argumento y del escándalo, un negocio, donde la improvisación, subjetividad y parcialismo hacen de la mentira una camada de mediocridad en una lógica absurda de que todo ciudadano que se expresa es un periodista, como si todo aquel que saque cuentas, fuera contador.

Si un irresponsable compra un espacio en un medio de comunicación y lo usa como tribuna de calumnias y argumenta su libertad de expresión, entonces no ha de llamársele periodista, ni presentarse, ni firmar como tal, pues no pasaría de ser, en el mejor de los casos, un “divulgador” o “comentarista”, sin ningún tipo de responsabilidad ética – profesional y, más aún, es un aprovechado que lucra con ese espacio.

Hay mucho que el colegio profesional de periodistas tiene que hacer y no sólo  en materia de defensa de sus agremiados, sino también en fiscalización, pues es inadmisible su silencio ante situaciones de plagio o falsificación de datos que se han vuelto recurrentes en nuestra localidad y que gozan de impunidad vergonzosa.

Finalmente, queremos saludar a los hombres de prensa que este 01 de octubre conmemoran su día y recordarles lo que Luis Miró Quezada decía: «El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios» y es hora que el oficio sea una verdadera profesión y tengamos presente a Kapuscinski en su ensayo Los cínicos no sirven para este oficio, donde señala que «las malas personas no pueden ser buenos periodistas».