CVR, 10 años después

Jhony Carhuallanqui

La Comisión de la Verdad fue creada en junio de 2001 durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua y ratificada luego por el presidente Alejandro Toledo, en agosto del mismo, quién le cambió la denominación a “Comisión de la Verdad y Reconciliación” (CVR) que, según refiere la norma, fue la «encargada de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado».

Esta Comisión estuvo integrada por doce distinguidas personalidades vinculadas a los derechos humanos: Carlos Iván Degregori, Beatriz Alva Hart, Humberto Lay Sun, Gastón Garatea y Carlos Tapia, por mencionar solo algunos, y fue presidida por Salomón Lerner Febres que, luego de dos años entregó, el 28 de agosto de 2003, el Informe Final al presidente Toledo y que, en sus nueve tomos y 171 conclusiones, es la más cercana radiografía a la violencia absurda que padeció el Perú y que sólo trajo miedo, resentimiento, muerte, destrucción y  desconfianza entre los peruanos.

En sus conclusiones señala que esta guerra interna le costó la vida a 69280 personas y «constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República», además, se establecen situaciones y hechos por demás deducibles, por ejemplo, que la población mayormente afectada fue la campesina quechua hablante de un nivel de educación inferior al promedio nacional y dedicados a actividades agropecuarias, cuya situación funesta «no fue sentida, ni asumida como propia por el resto del país», en otro claro ejemplo de indiferencia entre compatriotas.

El departamento más afectado fue Ayacucho, lugar donde, justamente, empezó en 1980 la lucha armada de Sendero Luminoso, un grupo subversivo marxista, leninista y, principalmente, maoísta que fuera concebido por Abimael Guzmán, cuya verborrea sirvió de inspiración fanática para muchos jóvenes que creyeron que la única forma de transformar el país era a través de un fusil. Hoy, sus rezagos han buscado organizarse políticamente y jugar a la democracia que tanto despreciaban, copando el sector educación, convirtiendo así los atriles de la cátedra en balconcillos ideológicos. 

Al final, los ultrajes de los agentes del Estado terminaron siendo tan repudiados como los de los grupos bélicos: en Putis, el ejército asesinó a sangre fría a cerca de 123 campesinos, mientras que Sendero, en Lucanamarca, mató a 69 de machetazos, en ambos casos, la insania fue contra ancianos, mujeres y niños. Aparte de esto, la CVR ha investigado la matanza de Uchuraccay, Saccamarca, la ejecución extrajudicial en la base militar de Totos, Sillaccasa, Socos, Accomarca, las desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales de Los Cabitos, La Cantuta, Callqui, Cayara, Chuschi, Barrios Altos, entre muchos más.

Lo limitante del informe es que no cumple una función jurisdiccional, es decir, no es prueba para una acusación penal (Ministerio Público), ni para sentenciar a nadie (Poder Judicial), en el último de los casos, es sólo una fuente de consulta (objetiva), cuya utilidad se haría manifiesta a través de un plan de reparaciones que es responsabilidad del Estado y que por desidia, capricho o incapacidad, no la cumple en 10 años.

El Perú es un país aún con carencias y limitaciones que acarrean conflictos que, a su vez, desembocan en brotes de violencia. Para evitarlos es necesaria una cultura de paz, donde el respeto a la vida sea la columna vertebral y se extienda a través de la tolerancia, el diálogo y la inclusión para vivir en armonía y para que las situaciones descritas por la CVR nunca más se repitan.