COLUMNA: EL BUEN SALVAJE

Comunicación e inclusión social

Sandro Bossio Suárez

Lamentablemente, el Perú se encuentra a la zaga de la comunicación inclusiva en América Latina, porque hasta ahora no ha tenido una experiencia de políticas públicas en comunicación, y vamos a refrendarlo con algunos ejemplos.

Retrocedamos en el tiempo para hablar de algunos acontecimientos nacionales que conmovieron enormemente al país. El primero, el proyecto que pretendía construir una hidroeléctrica llamada 'Paquitzapango', que en realidad causó grandes inconvenientes porque cuando estaba a punto de suscribirse, nos enteramos de que no se había hecho ningún trabajo con las poblaciones nativas. Ruth Buendía Mestoquiari, representante de la comunidad asháninca de la zona, comunicó dos cosas increíbles: una, que ellos no sabían nada de este proyecto. Ciertamente, esta comunidad salió de este lugar porque tuvo que refugiarse de la violencia armada y luego el Estado hizo un gran esfuerzo para reinsertarla en sus territorios, pero después de tanto, les dijeron nuevamente que iban a sacarlos, porque allí se iba a construir una hidroeléctrica. Lo segundo, lo más clamoroso, es que el término 'Paquitzapango' alude a un ave mitológica gigantesca, que cada cierto tiempo baja de los cielos a raptar niños para devorarlos en las peñas.

Otro caso importante es del poblado de Tapairihua, en Apurímac, donde se encuentra uno de los puentes incaicos más atractivos de toda la zona sur. Hasta el año 2000 no se había construido un puente importante que ayudara a la interconexión del poblado, pues éste se encuentra partido en dos y, por eso, la gente seguía utilizando el incaico al que periódicamente le hacían un trabajo de reforzamiento. Sin embargo, entre 1998 y el 2000, se construyó uno que fue inaugurado con bombos y platillos, pero la gente sólo asistió a la inauguración y no volvió a utilizarlo. El Estado, desconcertado, envió al Ejército para que empuje a los pobladores a utilizar el puente. Este hecho desató una controversia no solamente política, sino también social pues el pueblo aun con el ejército de por medio y con el puente viejo cerrado, siguió negándose a utilizar el viaducto, e, incluso, llegó a construir balsas para cruzar el río. Todos creían que se trataba de una simple actitud de rebeldía, cuando, en realidad, era un tema profundamente cultural: la creencia es que todo puente se construye enterrando a una persona para que éste no se caiga. Entonces, allí había un profundo nudo cultural y comunicacional no resuelto.

El Baguazo es, seguramente, el caso más emblemático, más sangriento y más vergonzoso de la falta de comunicación en el país. Como se sabe, el 5 de junio de 2009 se dio el Decreto Legislativo N° 1064, en el marco del convenio económico y comercial con EE. UU., que permitía el ingreso de empresas petrolíferas extranjeras para que exploren en territorios de nativos huambisas, aguarunas, shuaras y lamas, quienes no estaban enterados de lo que iba a ocurrir. Ellos creían, tenían la plena seguridad y certeza de que el Estado estaba interviniendo sus zonas para quitarles sus territorios y contaminar sus ríos y tierras. Un estudio posterior dio cuenta de que el Estado nunca llegó a esta zona y no se comunicó con estas poblaciones para explicarles que se estaba haciendo una exploración y que el riesgo de contaminación era mínimo. La gente estaba aterrada, porque hacía dos años algunas ONG y representantes de la iglesia católica, así como algunos grupos evangélicos, habían llegado a la zona para darles información diferente.

Este decreto vulneró el Convenio 169 de la OIT, que dice que los pueblos nativos deben ser consultados en los casos normativos que los involucren, pero, asimismo, no respetó los derechos de los pueblos indígenas contemplados en la Declaración de las Naciones Unidas. Desde luego, se hubiera evitado este derramamiento de sangre si el Estado hubiera implementado una correcta intervención comunicacional.

Estos tres ejemplos nos hablan claramente de la necesidad de contar con una política nacional de comunicación para contribuir al logro de una verdadera inclusión social en el país.