Miguel Ramón LLulluy
La educación universitaria, en nuestro
país, se ha convertido en una fábrica de profesionales. Específicamente en la
región central, la proliferación de universidades y la creación de éstas sin un
estudio técnico —solo por el apetito político de los gobiernos de turno— han
permitido su crecimiento desmedido en las dos últimas décadas.
Como diría Mario Bunge en su libro
“Ciencia y desarrollo”: «Las universidades, hasta mediados de nuestro siglo (s.
XX), eran esencialmente centros de formación de élites, no sólo intelectuales
sino también sociales». Efectivamente, el acceso a las universidades, tanto en
Perú y nuestra región, era para las personas que tenían cierta solvencia
económica o gozaban de cierto estatus.
También, Bunge remarca que los centros
de estudios superiores del tercer mundo siguen siendo, en lo principal, fábricas
de profesionales y proveedores de dirigentes, pues ya no son centros de élite
sino de masas. Con mucha preocupación podemos afirmar que en la región central existe
una explosión universitaria, la misma que se refleja en las 42 universidades existentes,
con todas sus filiales que ofertan carreras profesionales “al gusto del
cliente”.
Desde 1959, la única universidad
existente en nuestro medio fue la Universidad Nacional
del Centro del Perú, con una población de 10 mil estudiantes; sin embargo, en
los últimos 20 años, tres universidades privadas han crecido vertiginosamente: la
Universidad Peruana “Los Andes”, con una población de 25 mil alumnos; la Universidad
Continental, con 10 mil; y la Universidad
Alas Peruanas, con 4 mil estudiantes (todos estos datos son
aproximados).
Un alto porcentaje de la plana docente
de estos campus particulares son nombrados en la universidad estatal, que
dictan clases adicionalmente a su carga horaria, pero lo cuestionable es el
comportamiento del docente en ambas instituciones. Por ejemplo, en la
universidad estatal faltan a clases, llegan tarde, improvisan las lecciones, su
forma de vestir es informal y no existe compromiso con su centro laboral; en
cambio, en la particular cambia sustancialmente esta actitud: llegan
puntualmente, no faltan a clases, presentan su carpeta docente a tiempo y asisten
con el terno que ha sido asignado por la universidad estatal.
Asimismo, la evaluación de los
docentes de la universidad pública se realiza semestralmente, donde los alumnos
evalúan a sus catedráticos sobre su desempeño; sin embargo, el resultado de
estas evaluaciones no sirve para nada, pues las autoridades no tienen en cuenta
estos resultados para realizar los correctivos que permitan mejorar el
desempeño docente. Por el contrario, en las universidades particulares, los
docentes son seleccionados, en algunos casos, por amistad con los propietarios
y no existe la exigencia académica pertinente por temor a que los estudiantes
deserten y arriesguen el funcionamiento de la misma.
El problema del sistema universitario
pasa también por el protagonismo político de los congresistas y gobernantes de
turno que, cada vez que se aproximan las elecciones, aprueban a diestra y
siniestra la creación de universidades sin el mínimo criterio técnico.
Como planteó Juan Carlos Valdivia: a
la falta de oferta de estudios superiores
la primera respuesta ha sido la creación de universidades “combi”, donde
importa llenar las aulas, aunque no importe la calidad del servicio.
Considero que el dilema de la
educación es el sistema, que nos aleja de la educación de países desarrollados,
específicamente de Finlandia, el cual es ganador de la evaluación (PISA) que tiene
como premisa: «Considerar que el alumno es importante, los profesores son
expertos y la evaluación sirve como una palanca de cambio».
Lo expresado no es para alimentar el
desaliento, más bien sirve para mostrar que la calidad de la educación es consecuencia
de múltiples factores externos, y sirve para contradecir una tendencia demasiado
vigente entre nosotros: creer que podemos hallar correctivos al interior del
sistema, como establecer planes de educación a largo plazo, cambio de
programas, aumento en las horas de clase, acreditación educativa, evaluación,
capacitación en los docentes y la dotación de infraestructura educativa.
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