Nueva ley universitaria: sin soluciones, no hay cambios

Jhony Carhuallanqui

La Ley Universitaria —Nro. 23733 para quienes están interesados— necesita ser renovada con urgencia para facilitar a nuestras 137 universidades, 51 públicas, alcanzar los estándares internacionales que le permitan estructurar, fomentar y conducir el desarrollo nacional, esto, claro está, dentro de sus objetivos globales: formación profesional, investigación científica y proyección social.

Los cambios generarán conflictos debido al raudal de intereses que se juegan, pero son válidos en cuanto aseguren la mejora del sistema universitario y, sobre todo, es necesario que se hagan en un marco que garantice la autonomía plena de los campus como claustros académicos. Esta es la principal preocupación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), a quienes incluso se ha tildado de opositores a la modificación.

Sin embargo, esta autonomía no puede ser el pretexto para que un grupo de mezquinos encubran el favoritismo, la incapacidad y la mediocridad, que terminan por envilecer a la institución y que se constituyen en cofradías de turno, las cuales recurren a la provocación o venganza contra sus detractores. Según la ley vigente, la autonomía es inherente a las universidades y su violación amerita sanción.

Esta nueva norma debe ser promotora, mas también fiscalizadora (no intervencionista), y creadora de mecanismos que evalúen progresivamente los beneficios y logros de su implementación, enfrentando y resolviendo problemas “domésticos” respecto a catedráticos y alumnos:

¿Qué calidad se espera con profesores que dictan cátedras ajenas a su especialidad, que no cumplen el horario establecido y que se mofan del “tiempo completo y la dedicación exclusiva?. Docentes que consideran como nota parcial el decorar un nacimiento o participar de un desfile, que se duermen en las evaluaciones o auspician viajes de investigación que, a la larga, terminan siendo excursiones recreativas —que en sí no son negativas por la unidad estudiantil, sin embargo, no ameritan programación silábica ni calificación alguna—.

¿Qué calidad se espera con alumnos evaluados en procesos de admisión ajenos a los perfiles profesionales? Estudiantes confundidos vocacionalmente e inmaduros emocionalmente, irrespetuosos, irresponsables e indignados con el sistema, con su universidad y su vida, que lo único que les interesa es «terminar la U». Temerosos de exponer ideas por las “notas” y disconformes con la falta de equipos, medios y materiales, que se disculpa siempre responsabilizando a la falta de presupuesto.

Nada de esto es nuevo, lo hemos vivido de alguna manera. ¿Una Nueva Ley Universitaria solucionará el problema?, pues estoy convencido que si no genera soluciones, seguirá siendo más de lo mismo, pues el dilema es estructural, no sólo normativo.

Hay diversas propuestas que Daniel Mora, Presidente de la Comisión de Educación, tiene que sistematizar, pero las que me parecen ineludibles son: 1) se debe propiciar el pago de impuestos “especiales” a las universidades privadas para invertir en investigación, pues hoy éstas son consideradas personas jurídicas “sin fines de lucro”; 2) los nombramientos del personal docente deben estar sujetos a una evaluación que los ratifique, promueva o destituya cada cierto tiempo; 3) todo ascenso debe ser por concurso de méritos y no por tiempo de servicios; 4) las universidades deben tener unidades productivas que les permitan fortalecer la práctica; y, por último, los representantes estudiantiles deben ser estudiantes del tercio superior, y no sindicalistas conflictivos en etapa germinal.

Vamos a dar nuestras sugerencias a esta ley que el Congreso propondrá y debatirá en breve. Aceptemos el reto de contribuir a una norma en verdad eficiente para los 782970 estudiantes de pregrado, 59085 catedráticos, los más de 500 mil postulantes y todos los que queremos una verdadera educación de calidad.