Sandro Bossio Suarez
En un encuentro de presa en Colombia, el año pasado, recogí información acerca del ejercicio periodístico en América Latina. En el caso de Colombia y México, el peligro viene del narcotráfico, que compra funcionarios para acallar a los periodistas; en Bolivia el gobierno de Evo Morales presiona con publicidad estatal a las empresas periodísticas para que informen lo que le conviene; en Venezuela, el cierre de medios y la persecución a los periodistas de oposición es una afrenta continental. Ecuador y Nicaragua van por el mismo camino. En Argentina hay una ley que ha lanzado una dura batalla contra los medios digitales.
Estuve en La Habana hace poco y, claro, la libertad de expresión (consignada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos) sigue sin existir: todos los medios son de propiedad del Estado y nadie puede publicar nada sin la venia del gobierno. El castrismo ejerce autoridad sobre Internet y restringe el acceso a las computadoras, manteniendo precios altos y bloqueando sitios Web considerados adversos. Incluso los blogs son controlados (a mí me revisaron mi USB antes de una ponencia académica) y los periodistas golpeados (hablé con Claudia Cadelo, secuestrada y aporreada durante una marcha pacífica).
Cuando nos enteramos de estos acontecimientos, los periodistas peruanos pensamos, ingenuamente, que esta amenaza no nos tocaría. Sin embargo, ahora que se cierne la incertidumbre sobre el nuevo gobernante que administrará nuestros destinos hasta 2016, el temor surge poderoso.
El Perú ha vivido grandes etapas de restricción a la libertad de expresión. Desde Leguía –pasando por Sánchez Cerro, Odría, Velasco Alvarado¬– hasta el fujimorato, esta libertad fue la más vulnerada. Los militares, interviniendo los medios, estatizándolos y permitiendo sólo la publicación de lo que les convenía; y los dictadores civiles corrompiendo, comprando conciencias en el SIN, invadiendo de periódicos basura al país. Yo mismo, al lado de mis colegas Flor Jáuregui y Toño Bráñez, fuimos perseguidos por esa gavilla de esbirros y enemigos de los Derechos Humanos, que no deben tener nueva cabida en nuestra historia.
Cómo quisiéramos que estos sean sólo hechos del pasado. Pero no. Esta fue una semana luctuosa para la libertad de expresión y de prensa en nuestra región: América Televisión censuró el reportaje del joven periodista José Soriano Marín por haber entrevistado a otro periodista que se pronunció contra la candidata que promueve el medio. Y, al mismo tiempo, el pasado 17 de mayo, el Consejo Regional de Junín aprobó una intención de censura contra el diario Correo y su director.
Al respecto, tenemos que decir que estas dos son posturas conveniencieras, inmoderadas y abusivas. En ambos casos hay una atribución que no compete a los censores, pues el periodista tiene un código de conciencia que le hace responsable sobre su trabajo y que nadie (ni siquiera el empleador) puede vulnerar impidiendo su difusión. El Consejo Regional de Junín pierde su tiempo intentando coartar la libertad de expresión de un medio de comunicación: esa no es su función. Su función es luchar contra la corrupción, fiscalizar, al igual que el periodismo, y más bien debe sustentarlo.
Pero también hay otras formas de vulnerar la libertad de expresión. No olvidemos que corromper a los medios, de lo cual hay indicios en nuestra ciudad, es más recusable que decir las cosas con valentía.
La Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta de Nueva York, sostiene que se han comprobado "pagos de funcionarios públicos a periodistas en Colombia y Perú". Eso demuestra que aquí lo que se hace es utilizar periodistas –práctica que viene de antaño– para sumarlos a sus portátiles y sirvan de aplaudidores a sueldo a cambio de prebendas y sinecuras. En otras palabras, comprarlos.
Es claro que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad social: seleccionar información de interés público y fiscalizar a las autoridades al margen de la forma en que lo digan. La tolerancia, que no se ejerce en las dictaduras bananeras, es una virtud democrática.
En un encuentro de presa en Colombia, el año pasado, recogí información acerca del ejercicio periodístico en América Latina. En el caso de Colombia y México, el peligro viene del narcotráfico, que compra funcionarios para acallar a los periodistas; en Bolivia el gobierno de Evo Morales presiona con publicidad estatal a las empresas periodísticas para que informen lo que le conviene; en Venezuela, el cierre de medios y la persecución a los periodistas de oposición es una afrenta continental. Ecuador y Nicaragua van por el mismo camino. En Argentina hay una ley que ha lanzado una dura batalla contra los medios digitales.
Estuve en La Habana hace poco y, claro, la libertad de expresión (consignada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos) sigue sin existir: todos los medios son de propiedad del Estado y nadie puede publicar nada sin la venia del gobierno. El castrismo ejerce autoridad sobre Internet y restringe el acceso a las computadoras, manteniendo precios altos y bloqueando sitios Web considerados adversos. Incluso los blogs son controlados (a mí me revisaron mi USB antes de una ponencia académica) y los periodistas golpeados (hablé con Claudia Cadelo, secuestrada y aporreada durante una marcha pacífica).
Cuando nos enteramos de estos acontecimientos, los periodistas peruanos pensamos, ingenuamente, que esta amenaza no nos tocaría. Sin embargo, ahora que se cierne la incertidumbre sobre el nuevo gobernante que administrará nuestros destinos hasta 2016, el temor surge poderoso.
El Perú ha vivido grandes etapas de restricción a la libertad de expresión. Desde Leguía –pasando por Sánchez Cerro, Odría, Velasco Alvarado¬– hasta el fujimorato, esta libertad fue la más vulnerada. Los militares, interviniendo los medios, estatizándolos y permitiendo sólo la publicación de lo que les convenía; y los dictadores civiles corrompiendo, comprando conciencias en el SIN, invadiendo de periódicos basura al país. Yo mismo, al lado de mis colegas Flor Jáuregui y Toño Bráñez, fuimos perseguidos por esa gavilla de esbirros y enemigos de los Derechos Humanos, que no deben tener nueva cabida en nuestra historia.
Cómo quisiéramos que estos sean sólo hechos del pasado. Pero no. Esta fue una semana luctuosa para la libertad de expresión y de prensa en nuestra región: América Televisión censuró el reportaje del joven periodista José Soriano Marín por haber entrevistado a otro periodista que se pronunció contra la candidata que promueve el medio. Y, al mismo tiempo, el pasado 17 de mayo, el Consejo Regional de Junín aprobó una intención de censura contra el diario Correo y su director.
Al respecto, tenemos que decir que estas dos son posturas conveniencieras, inmoderadas y abusivas. En ambos casos hay una atribución que no compete a los censores, pues el periodista tiene un código de conciencia que le hace responsable sobre su trabajo y que nadie (ni siquiera el empleador) puede vulnerar impidiendo su difusión. El Consejo Regional de Junín pierde su tiempo intentando coartar la libertad de expresión de un medio de comunicación: esa no es su función. Su función es luchar contra la corrupción, fiscalizar, al igual que el periodismo, y más bien debe sustentarlo.
Pero también hay otras formas de vulnerar la libertad de expresión. No olvidemos que corromper a los medios, de lo cual hay indicios en nuestra ciudad, es más recusable que decir las cosas con valentía.
La Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta de Nueva York, sostiene que se han comprobado "pagos de funcionarios públicos a periodistas en Colombia y Perú". Eso demuestra que aquí lo que se hace es utilizar periodistas –práctica que viene de antaño– para sumarlos a sus portátiles y sirvan de aplaudidores a sueldo a cambio de prebendas y sinecuras. En otras palabras, comprarlos.
Es claro que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad social: seleccionar información de interés público y fiscalizar a las autoridades al margen de la forma en que lo digan. La tolerancia, que no se ejerce en las dictaduras bananeras, es una virtud democrática.
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